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Estatus de beligerancia a las fuerzas insurgentes como reconocimiento del derecho de gentes- derecho internacional humanitario

El estatus de beligerancia dela FARC y del ELN, por parte del Estado colombiano, es una condición jurídica y política necesaria para la búsqueda de la humanización del conflicto armado que desangra y continua haciéndolo en la historia republicana de nuestro Estado Constitucional actual, que no se ha desprendido delas viejas contradicciones bipartidistas  que han manchado de rojo el suelo patrio desde los albores de nuestra historia constitucional desde el siglo XIX.

Ello se dibuja así, teniendo en cuenta que durante el siglo XIX las distintas guerras que existieron entre los distintos bandos, inspirados en los partidos políticos liberales - conservadores, que defendían, entra otras,  tesis jurídicas, filosóficas y políticas, sustentadas en el tipo de Estado para nuestra república, centralista o federalista, establecían con arduo dolor, la violación del derecho de gentes sobre los grupos que no ostentaban el poder político institucional.

Durante este siglo fueron muchas las peticiones de humanizar el conflicto, reconociendo en el otro un ejército organizado con intereses distintos, por un lado el partido liberal que defendía la federalización del país, a través de Estados Federales que constituyeran la Gran Nación colombiana y por otro lado el partido conservador que defendía a ultranza la nación como un Estado Central y en la contradicción de dichas posturas, sobre el interés de humanizar el conflicto, soportado en el derecho de gentes, como limites a los excesos en el conflicto armado, traemos a colación la misiva, en agosto de 1861,  al Presidente conservador MARIANO OSPINA RODRIGUEZ , suscrita por el  Ex presidente TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA, con ocasión de la alzada en armas de los Estados del Cauca, Bolívar y Santander, donde le manifestó: “Habiendo obtenido que los generales Posada i Henao me reconociesen como beligerante en la guerra civil, según las mutuas declaraciones que hicimos el 27 de agosto de este año, i después de un crudo como brillante combate que libré sobre las fuerzas de la confederación, celebré una suspensión de hostilidades i una esponsión, como preliminares para restablecer la paz en la Confederación (…..) en tan criticas circunstancias, yo apelo de nuevo a vuestro patriotismo para que hagáis cesar la guerra entrando en un avenimiento conmigo, para que desarmen los Ejércitos, i que convoquéis una Convención que reconstituya el país libremente”.

Ante lo cual el Presidente conservador OSPINA RODRIGUEZ contestó; “(…..) yo no puedo como presidente constitucional sino lo que la Constitución i las leyes ordenan, i no conozco disposición ninguna que haya autorizado al presidente ni a ningún otro funcionario para entrar en avenimientos con los que resisten con las armas en la mano el cumplimiento de la ley i la obediencia debida a los poderes públicos; i como U conoce el artículo 66 de la Constitución que dice: “es prohibido a todo funcionario o corporación pública el ejercicio de cualquier función o autoridad que espresamente no se le haya conferido”, reconocerá usted fácilmente que lo que U me propone es una cosa que está fuera del circulo de mis facultades. Lo que la Constitución i la lei me ordenan espresamente en el caso mencionado es emplear la fuerza pública de la Confederación o la de os estados para restablecer el orden, es decir el cumplimiento de la Constitución i las leyes. Si U quiere la paz de la República, nada le es más fácil: desarme U su ejército i la guerra se acaba. Dice U que para probar su desinterés piensa retirarse al extranjero cuando la guerra haya terminado; retírese hoy desarmando su ejército i quedará la República en paz i el desinterés de U comprobado. Yo no puedo desarmar el ejército de la Confederación porque la lei me manda tenerlo armado mientras haya quien con las armas en la mano turbe el orden general; pero a U que lei obligatoria le manda invadir los estados, acometer las fuerzas de la Confederación i derramar la sangre de los ciudadanos honrados que están cumpliendo el deber sagrado de mantener el orden legal (….)”.

Lo anterior nos muestra que en la búsqueda, de humanizar el conflicto, por el poder político en nuestra geografía, la historia afirma que los partidos de gobierno de turno, han mantenido una posición inflexible, que como la señalada, mantuvo la continuidad del conflicto y por ende de la guerra, en contra de las exigencias del derecho de gentes, hoy derecho humanitario, en la pretensión de evitar los desmanes, arbitrariedades como las que analiza MARIO AGUILERA “El remate de heridos fuera de combate fue también una práctica documentable, como en efecto se hizo en 1901, cuando guerrilleros liberales comandados por Tulio Varón asaltaron a Honda y machetearon a los heridos del ejército conservador que se hallaban en el hospital de la población. La modalidad más cruel fue la muerte por inanición, y un caso concreto fue el que ocurrió en la guerra de 1860 – 62, cuando en el Cauca los conservadores dejaron morir de hambre a varios presos y luego permitieron que sus cadáveres encadenados acompañaran por algunos días a los prisioneros que quedaban vivos”.

En la coherencia institucional  de estas posiciones durante la historia constitucional de nuestro Estado en el no asumir el imperativo de humanizar el conflicto como paso previo de reconocimiento del otro actor alzado en armas contra el establecimiento, cabe recordar las comunicaciones de FOCION SOTO  al ministro de guerra JOSE VICENTE CONCHA; “Hacer cesar cuanto antes los actos feroces que se ejecutan por los beligerantes y que están sacando la actual contienda armada de los límites que hoy se reconocen en el mundo civilizado como permitirlas en el Estado de guerra internacional o civil que se halle un país”, y en respuesta el ministro de guerra CONCHA, reafirmando la idea de inexistencia del derecho de gentes, contestó; “Sin contar con que el gobierno no sabe hasta el presente cuáles son las partidas que en sentir de la Subdirección de la guerra defienden “en verdad la revolución” y cuáles las que están fuera de ese camino; sin hacer presente que las fuerzas que combaten el régimen existente no tienen un gobierno establecido , ni dominan una parte del territorio de manera permanente, ni administran justicia o ejercen actos de verdadera soberanía, requisitos todos de beligerancia, según el derecho internacional, debo hacer presente que el reconocimiento de aquélla en contienda entre un gobierno  y un bando, nunca puede hacerse por el mismo Gobierno que en nombre de la soberanía combate la insurrección, y que de hecho la abdicaría al reconocer en el contrario un soberano en el territorio de la lucha. Pretender que sea el gobierno quien deba dirigirse a los que han ocurrido a una revolución, la más injustificable de cuantas registran los anales patrios, y eso para proponerles una transacción que tenga como base fundamental una declaratoria solemne de propender, por cuantos medios patrióticos estén a mi alcance, a la reforma de las instituciones vigentes en sentido no manifestado expresamente, no juzgo regular y decoroso  (…) Ocurrir al medio indicado por ustedes, equivaldría, como a otros les he dicho, a reconocer como beligerantes legítimos a los que no pueden ser considerados sino como rebeldes, conforme al Código Penal”.

En la forma como se evidencia que los mismos partidos liberal – conservador, desde el siglo XIX, en la confección del Estado Constitucional, han instaurado como práctica legal desde la institucionalidad, el desconocimiento de quienes se han alzado en armas contra el régimen al no encontrar eco o resonancia de sus propuestas de Nación, aplastando a cualquier precio al enemigo del Estado, es la muestra más fehaciente de que la deshumanización del conflicto y el no reconocimiento de un orden internacional de respeto por los derechos humanos, es una herencia macabra en los comportamientos públicos de la paridad de los partidos liberal – conservador, en la administración del Estado, que ha conllevado que los grupos políticos – militares que se alzaron en armas desde la mitad del siglo XX, de forma consuetudinaria hayan adoptado la irracionalidad de su accionar en el conflicto.

La instauración de esta doctrina de comportamiento de Estado, no solo la ha sumido el Gobierno, sino las otras dos (2) ramas del poder público, en la constatación histórica que se evidencia con la tesis que fecunda desde la jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia sobre las facultades implícitas del ejecutivo para controlar el orden público, en reverencia a las facultades ilimitadas del Gobierno en los estado de sitios, para conjurar la crisis que se genera por el conflicto armado,   según sentencia del 13 de noviembre de 1928 ; “I. Todos los poderes del estado que tienen atribuciones constitucionales para ejercer una función, o la obligación de ponerla por obra, tienen también, de acuerdo con los dictados de la razón, la facultad de escoger los medios necesarios y adecuados a esos fines siempre que no estén prohibidos (…). 2. En consecuencia, una facultad se considera implícita en la Constitución siempre que sea necesaria para dar efecto a una atribución conferida expresamente por ella. 3. Todo aquello que se halla implícito en la Constitución forma parte de ésta de la misma manera que sus disposiciones expresas. 4. Puede afirmarse, por tanto, que no existe en la Constitución atribución alguna de facultades que no entrañe y lleve consigo en su aplicación otras que, si bien tacitas, son vitales por las primeras y necesarias a su ejercicio”, y el Congreso de la República, actuaba simplemente como expectante de las atribuciones del ejecutivo al declarar los estados de sitio de forma permanente hasta que la Asamblea nacional Constituyente de 1991, derogó esta figura que se sustentaba en la Constitución de 1886.

Finalmente, el máximo Tribunal Constitucional, esta es la Corte Constitucional, creada en la Constitución de 1991, es la que a través de dos pronunciamientos jurisprudenciales, la C-574 de 1992 y la  C-225 de 1995, la primera donde definió la constitucionalidad de la Ley aprobatoria del Protocolo I, donde señaló; “Los principios del derecho internacional humanitario plasmados en los Convenios de Ginebra y en sus dos Protocolos, por el hecho de constituir un catálogo ético mínimo aplicable a situaciones de conflicto nacional o internacional, ampliamente aceptado por la comunidad internacional, hacen parte del iuscogens o derecho consuetudinario de los pueblos. La Carta de 1991 confirma y refuerza tanto la obligatoriedad del derecho internacional de los derechos humanos como la del derecho internacional humanitario. En consecuencia, se acogió la fórmula de la incorporación automática del derecho internacional humanitario al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el iuscogens. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales I y II de 1977 constituyen pura y simplemente, la  expresión formal y por escrito, esto es, la codificación de los principios ya existentes en el derecho internacional consuetudinario. Por tanto, la ratificación produce la importante consecuencia de zanjar definitivamente toda controversia que pudiera existir, en torno a la obligatoriedad del derecho internacional humanitario”, y la segunda que señaló; “La obligatoriedad del derecho internacional humanitario se impone a todas las partes que participen en un conflicto armado, y no sólo a las Fuerzas Armadas de aquellos Estados que hayan ratificado los respectivos  tratados. No es pues legítimo que un actor armado irregular, o una fuerza armada estatal, consideren que no tienen que respetar en un conflicto armado las normas mínimas de humanidad, por no haber suscrito estos actores los convenios internacionales respectivos, puesto que la fuerza normativa del derecho internacional humanitario deriva de la universal aceptación de sus contenidos normativos por los pueblos civilizados y de la evidencia de los valores de humanidad que estos instrumentos internacionales recogen. Todos los actores armados, estatales o no estatales, están entonces obligados a respetar estas normas que consagran aquellos principios mínimos de humanidad que no pueden ser derogados ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado”, es a través de estos dos pronunciamientos jurisprudenciales que el derecho de gentes del siglo XIX y parte del siglo XX, se consolidad como lo conocemos hoy, como el derecho internacional humanitario, en nuestro orden jurídico interno.

Lo que nos fuerza concluir: 1. Que ha sido una exigencia de nuestra historia Constitucional desde el siglo XIX, que los conflictos armados en los que hemos estado sumergidos hasta los presentes tiempos, con actores e ideologías y pretensiones distintas, que se humanice el conflicto. 2. Que uno de los grandes errores marcados en el desconocimiento de lo que se entendió como el derecho de gentes que hoy es el derecho internacional humanitario, es la inflexibilidad de reconocer en los actores alzados en armas contra el régimen, su estatus debeligerancia, pudiendo constituir tal pronunciamiento por parte del Estado  atacado, en una manifestación política de aceptar que hay que democratizar al Estado y responder a los requerimientos históricos de los pueblos, ayer, que aún se mantiene como petición, como es la mirada obligada a las regiones, en lo que otrora fuera la tesis de estados federados, como teoría del partido liberal y hoy es el desarrollo autónomo de las provincias distintas a Bogotá. 3. Que el estatutos de beligerancia a las FARC y al ELN, podría significar la obligatoriedad, en el marco del derecho internacional humanitario, que estas dos (2) fuerzas insurgentes se vean obligadas a humanizar el conflicto desde la perspectiva del respeto por el derecho internacional humanitario, haciendo un desprendimiento de los comportamientos irracionales en la guerra, que han heredado de la historia guerrerista de los partidos de gobierno. 4. Que en estos momentos de diálogos de paz en la Habana, sería un paso a desarrollar acuerdos que no solo humanicen el conflicto en medio de la guerra, sino que sientan las bases de credibilidad, que por fin, la fuerza del derecho de gentes, hoy, derecho internacional humanitario, pueda conllevar a reconocer que en el reconocimiento práctico de los derechos de la población, como exigencia de la historia constitucional, en las distintas manifestaciones de contradicción de los actores armados contra el Estado, está cimentar el camino de la paz anhela por los colombianos.

Estatus de beligerancia a las fuerzas insurgentes como reconocimiento del derecho de gentes- derecho internacional humanitario